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Articulo 27 Constitucional Mexicano Analysis Essay

Artículo


Los cambios en la política agropecuaria y la propiedad social rural en la frontera norte


Changes in agricultural policies and social rural property in the northern border


Francisco René Vidaurrázaga Obezo *


* Profesor–investigador de el COLEF, Piedras Negras, Coahuila.
Correo electrónico: obezo@comuni-k.com; viofra57@hotmail.com


Artículo recibido en noviembre de 2003.
Artículo aprobado en abril de 2004.


Resumen

El capital privado nacional y extranjero no llegó al campo en los términos en que esperaba el Estado, por lo que los productores del sector social y privado no lograron insertarse en los proyectos especializados que se canalizan a la exportación, generando una descapitalización en los pequeños, medianos y grandes productores que se dedicaban a la producción para el mercado interno. En la frontera norte, la propiedad social sigue siendo importante y seguirá existiendo por mucho tiempo a pesar de los cambios en la política agropecuaria y sobre to–do con los cambios al artículo 27 Constitucional de enero de 1992 y a la promul–gación de la Ley Agraria en febrero de 1992. La organización de los productores, tanto del sector social como privado, está en crisis y la mayoría de los productores trabajan con sus propios recursos y de manera individual. Esto ha dificultado la integración de proyectos productivos. El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en la propiedad social rural (ejidos, comunidades, colonias agrícolas y ganaderas) de la frontera norte con la nueva política agropecuaria.

Palabras clave: Estado; política agropecuaria; propiedad social rural; artículo 27 constitucional; productores del sector social.


Abstract

The national and foreign capital did not arrive to the country in the terms that government was expected; in that way farmers from social and private sector did not get insert into specialized and directed project towards exports. This generated an undercapitalization on small, medium and big farmers that work to aim production at domestic market. Communal property on North Border of Mexico is doing important yet, and it will be to exist for long time despite the changes in Agricultural Policy, and basically by the change in Constitutional 27th Article from January 1992, and the passing law about the Agrarian Act on February 1992. The organization of the producers as much as social as private sector is on recession, and most of producers individually work with their own resources or financial means. This has been doing difficult to their integration to productive projects. The aim of this paper is to analyze those under gone changes by the rural property (namely ejidos, communities, agro and farm colonies) of northern Mexico associated to the new agricultural policy.

Keywords: government, agricultural policy, comunal property, constitucional 27th article, farmers from social sector.


INTRODUCCIÓN

El Estado mexicano decidió cambiar la política agropecuaria a finales de la década de los ochenta y principios de la de los noventa. Con la nueva política, el Estado se retira de las actividades de fomento y apoyo al campo, modifica el marco legal y promueve nuevas figuras asociativas, abriendo espacios a la penetración del capital privado nacional y extranjero, de tal manera que los productores del sector social puedan incorporarse al desarrollo nacional e internacional por medio de proyectos productivos rentables y competitivos. En otras palabras, con esta política el Estado trata de transferir sus funciones en el campo a los capitales privados nacionales y extranjeros.

México no es un país homogéneo, y está compuesto por regiones agropecuarias con diferentes grados de desarrollo, en el caso de la frontera norte, considerada una región con un alto nivel de desarrollo, dado que cuenta con infraestructura para la producción, para la comercialización, así como recursos naturales (tierra, agua) de muy buena calidad, se pensó que con la nueva política esta región se vería favorecida y mejoraría los niveles de desarrollo, y en particular se beneficiarían los productores del sector social (ejidos y comunidades) incrementando sus niveles de ingreso y condiciones de vida al asociarse con el capital privado nacional o extranjero, además, aumentarían los niveles de producción y productividad al incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y de comercialización.

El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en la propiedad social rural (ejidos, comunidades, colonias agrícolas y ganaderas) de la frontera norte con la nueva política agropecuaria.

En este trabajo, entendemos por propiedad social rural las tierras cedidas por el Estado a los ejidos, comunidades agrarias, colonias agrícolas y ganaderas para su explotación, en común o en forma individual, y que permanecen bajo el control del Registro Agrario Nacional.

En el primer apartado se describen los cambios en la política agropecuaria, en el segundo se analiza la propiedad social rural en la frontera norte y, finalmente, se abordan las conclusiones y recomendaciones.


LOS CAMBIOS EN LA POLÍTICA AGROPECUARIA

El modelo económico de sustitución de importaciones ponía énfasis en el crecimiento industrial, lo cual colocaba en un papel subordinado a los demás sectores. En el caso del agro, tenía como prioridad superar los entrabes al progreso de la industria, derivándose de ahí las funciones que se le asignaron en el desarrollo económico: proveer bienes–salarios a bajos precios; producir eficientemente materias primas industriales; generar divisas para financiar la importación de bienes de capital para la producción industrial; liberar mano de obra para el mercado de trabajo y contribuir al crecimiento del mercado interno (Gómez, 1996).

Durante varias décadas el Estado se encargó del desarrollo del campo por medio de la inversión y el gasto público. Una gran parte de los programas de desarrollo agrícola, como investigación, asistencia técnica, capacitación, controles sanitarios, créditos y apoyos directos a la producción y comercialización, eran realizados por el Estado. El agro era un sector ampliamente subsidiado por el Estado. En este contexto, los productores del sector social (ejidos, comunidades, colonias agrícolas y ganaderas) estaban vinculados y protegidos de manera estrecha por el Estado mediante un marco legal y del aparato institucional de fomento y apoyo al campo, que se canalizaba antes que otra cosa a las zonas de riego y agroexportadoras.

A partir de 1989, el Estado acelera el proceso de reestructuración económica, y en el caso del sector rural y agrario cambia la política agropecuaria. Esta política consiste fundamentalmente en disminuir de manera drástica los subsidios a los insumos para la producción, desregular los mercados agropecuarios, privatizar las empresas productoras de insumos y, por último, modificar el marco legal agrario. Todo esto obedece principalmente a la reducción de la intervención del Estado en la economía.

En este contexto, el gobierno federal y algunos autores como Arturo Warman y Gustavo Gordillo, que comparten la propuesta, consideraron que con los cambios en la relación entre el Estado y la sociedad rural, y con la nueva política, se fortalecería el sector rural y agrario y de manera preferente aquellas regiones que contaban con buena calidad de los recursos naturales (tierra–agua–bosques), infraestructura para la producción y comercialización, como es el caso de la frontera norte. En este sentido, es importante abordar brevemente las posiciones del Estado, así como las de los académicos que apoyaban las nuevas políticas para el sector rural y agrario, con el objeto de respaldar el análisis que se hace de los cambios de la política agropecuaria que el Estado realizó a principios de la década de los noventa.

Salinas de Gortari (1991), en su iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, propuso tres puntos fundamentales: el primero es dar certidumbre jurídica en el campo, por lo que era necesario terminar con el reparto agrario; el segundo se refiere a la capitalización del campo, por lo que eran necesarios cambios en la legislación agraria para atraer y facilitar la inversión privada nacional y extranjera en las proporciones que el campo demanda, para ello se requiere también nuevas formas de asociación; el tercero y último punto se refiere a la protección de la vida ejidal y comunal, reafirmando estas formas de tenencia de la tierra y adecuándolas a las nuevas realidades del país.

Warman (1996) sostuvo que con la nueva política y las reformas al artículo 27 constitucional se pretende restablecer y recuperar el crecimiento y el desarrollo rural; esto es, generar fuentes de trabajo en las actividades agropecuarias y en las comunidades rurales. En esta perspectiva se fincan esperanzas y oportunidades que se habían agotado con la crisis del sector agropecuario y el deterioro de la vida rural. Las cosas en el campo mexicano no podían seguir tal cual, por lo que era urgente su transformación o modernización para lograr su capitalización.

Gordillo (1991) señaló que la nueva política para el campo agrupa y condensa la reforma política, la reforma económica y la reforma social más profunda de las últimas décadas. La no injerencia estatal en la vida de los ejidos y las comunidades permitiría una efectiva apropiación del proceso productivo y esto generaría el incremento en su ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Téllez (1994), sostuvo que con la nueva política para el campo, los niveles de eficiencia y productividad que exigen las reglas del comercio internacional y de las inversiones privadas, sólo se pueden alcanzar en el sector social si se supera el principal reto económico que consiste en poder integrar parcelas y predios en unidades productivas similares a las grandes extensiones privadas, es decir, se trata de formar áreas compactas. Integrar unidades productivas en las que la extensión de la tierra haga atractivo el flujo del capital y de tecnología; ése es el papel que se quiere que desempeñe la libre asociación entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y empresarios nacionales y extranjeros.

En contraste a la posición del Estado y sus teóricos están las posiciones de algunos autores con un enfoque crítico. Así, Encinas (1995) sostuvo que a finales de 1991 y sobre todo en 1992, se marcó un cambio en la estrategia gubernamental. Después de sortear los difíciles momentos iniciales y reafirmada la estabilidad económica, las medidas de legitimación y concertación social adoptadas en los primeros tres años de la administración salinista dejaron de ser prioritarias y perdieron influencia en las definiciones políticas, ocupando esta posición los grandes grupos empresariales.

Appendini (1995) planteó que esta política no niega la participación social del campo, sin embargo, los productores ejidales son  tratados de la misma manera que el resto de los empresarios, es decir, no tienen un tratamiento preferencial, el cual reduce los espacios de participación de los ejidos y las comunidades en el mercado. Ante esta situación, la política tiende a fortalecerse en el sector privado como agente de la transformación del agro, subordinando a los ejidos y las comunidades en la organización productiva.

Zermeño (1992) señaló que esta política que planteaba el Estado para el campo es producto de la negociación y firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; en este contexto, por más exitosa que fuera la política agroexportadora derivada del TLC, dejaría excluidos a la mayoría de los productores, ya que cuando mucho 20% de la superficie cultivada del país se destinaría a productos de exportación. En el restante 80% de la superficie cultivada se ubicarían entre 85 y 90% de los productores del sector social y privado del agro, los cuales serían presionados a diversificar sus actividades; sin embargo, el sector urbano–industrial no ofrece alternativas en el corto y mediano plazos.

Fritscher (1993) afirmó que en los primeros tres años de la administración salinista se configuró cabalmente el proyecto neoliberal para el campo mexicano; esto lo demuestra al ensanchar la apertura comercial unilateral, la privatización de las empresas paraestatales que apoyaban al sector agropecuario, el retiro estatal en las tareas de promoción y fomento, la eliminación de los precios de garantía y finalmente la aprobación de una legislación agraria que abre los espacios ejidales a terceros. En consecuencia, el Estado se retira de manera acelerada del campo y busca que éste se convierta en un espacio de la inversión privada; sin embargo, para la autora el retiro del Estado del campo y la entrada de capitales privados no soluciona el problema del sector agropecuario en crisis desde hace mucho tiempo, mismo que se ha agudizado en los últimos años por las políticas macroeconómicas aplicadas por el gobierno salinista. Esto hace que el campo mexicano no ofrezca, salvo algunas excepciones, condiciones de rentabilidad a los capitales privados nacionales y extranjeros.

El agro no puede ser tratado con los mismos instrumentos que los demás sectores de la economía. Su dependencia de recursos naturales, por lo general no mejorables y en muchos casos sujetos a elementos aleatorios, como el clima, lo convierten en un sector que ofrece pocas garantías a la inversión capitalista nacional o extranjera; de ahí que su desempeño ha debido estar históricamente vinculado y protegido por el Estado. La posición de éste de apoyar un solo proyecto para el agro con base en la especialización productiva y las ventajas comparativas, dejaría excluido al grueso de los productores del sector social de la agricultura e incorporaría al sector de los excluidos a pequeños, medianos y grandes productores privados.

Cartón de Grammont (1996) sostuvo que la nueva política dividió al campo en dos sectores: un sector empresarial, moderno y competitivo en el mercado internacional, y otro sector compuesto por productores atrasados y de subsistencia apoyados por limitados programas de combate a la pobreza. En el sector empresarial moderno y competitivo, el Estado busca crear un nuevo actor productivo capaz de sustituir las funciones gubernamentales para invertir en el campo. Con esta política, el Estado no solamente excluye a los productores del sector social del campo, sino también al agricultor, el hombre emprendedor del campo, el productor familiar que fue agente preferencial del desarrollo agrícola; ahora el Estado espera ver la aparición de grandes empresas directamente vinculadas con la inversión agroindustrial, que resuelvan el problema de rezago y crisis del campo.

Independientemente de las distintas posiciones en relación con los cambios de la política para el campo, es importante mencionar que en el país existen regiones agropecuarias con diferentes grados de desarrollo, y al interior de las regiones se encuentran ejidos y comunidades que cuentan con buena infraestructura y recursos naturales de buena calidad (tierra–agua–bosques); ejidos y comunidades con poca infraestructura y con recursos naturales de mediana calidad; ejidos y comunidades con recursos naturales de mala calidad, sin infraestructura y sin agua, es decir, 100% de temporal. En este contexto, aparentemente a los capitales privados nacionales y extranjeros les interesa invertir en aquellos ejidos y comunidades que tienen buena infraestructura y recursos naturales de buena calidad; en cambio, aquellos ejidos y comunidades con condiciones medias de desarrollo que requieren fuertes inversiones para rehabilitar la infraestructura, así como los ejidos marginados que son la mayoría del país, no son de interés de los capitales privados nacionales y extranjeros.

Aparentemente, la nueva política podría tener un impacto positivo en los productores del sector social de la frontera norte, considerada como una región con un alto nivel de desarrollo.


LA PROPIEDAD SOCIAL RURAL EN LA FRONTERA NORTE

La región frontera norte incluye los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al abordar el tema del sector rural y agrario de la frontera norte, inmediatamente nos imaginamos un sector moderno, desarrollado y altamente tecnificado; sin embargo, la realidad es otra, ya que esta región no es homogénea tanto en la disponibilidad de recursos naturales como en la estructura agraria. En la región existe una estructura agraria compuesta por propietarios privados, ejidatarios, comuneros, y colonos agrícolas y ganaderos, a pesar de los cambios en el marco legal que pretendían transformar esta estructura agraria.

Hasta antes de los cambios en la política agropecuaria y agraria, la organización de la administración pública agropecuaria en la frontera norte tenía una cobertura casi total, lo que permitió favorecer el desarrollo de esta estructura productiva al apoyar con créditos, asistencia técnica, abastecimiento de insumos, investigación, seguro agropecuario, organización, capacitación, comercialización, creación de infraestructura hidroagrícola y precios de garantía para algunos productos. Esta estructura productiva adquirió gran relevancia hasta 1989, produciendo granos básicos, granos industriales, frutas, hortalizas, carne, leche, huevo, tanto para el mercado interno como para el externo. Esta estructura generó empleos e ingresos para la mayor parte de la población rural.

La nueva política para el campo redujo la participación del Estado en la producción y comercialización de insumos, dejando los espacios al sector privado y al sector social por medio de sus organizaciones.

El Estado, a través de las instituciones del sector agropecuario, promovió la asociación en participación entre los productores del sector social y los capitales privados nacionales o extranjeros. Los resultados de esta promoción en la frontera norte no fueron los que esperaba el Estado, ya que los capitales que se interesaron en el campo fueron aquellos que estaban vinculados a las actividades agropecuarias y agroindustriales; los demás capitales no se interesaron, ya que las tasas de ganancia resultan más atractivas en otras ramas de la economía. Esto redujo las expectativas del Estado al apostar a la capitalización del campo mediante la penetración de capitales privados nacionales y extranjeros. Como ejemplo tenemos el Proyecto Vaquerías que promovió el Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos entre la empresa agroindustrial Galletera Mexicana S. A. (Gamesa) y los ejidos de los municipios de Linares y Montemorelos en el estado de Nuevo León. Otro ejemplo es el proyecto de asociación entre la empresa Bimbo y los ejidos productores de trigo en el norte de Coahuila.

Los cambios en la política agropecuaria estaban encaminados a aquellas regiones del país con niveles altos de desarrollo como es el caso de la frontera norte, debido a la disponibilidad de buena infraestructura hidroagrícola para la producción y la comercialización, recursos naturales de buena calidad (tierra–agua–bosques), lo cual motivaría a los capitales privados nacionales y extranjeros para invertir en la región; sin embargo, dada la heterogeneidad de ésta, existen zonas con las características mencionadas, otras con condiciones medias de desarrollo, así como áreas sin infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias, tales como las zonas ixtleras y candelilleras de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Bajo estas condiciones de la frontera norte, los capitales privados nacionales y extranjeros que se interesaron en el campo fueron los capitales agropecuarios y agroindustriales que de alguna manera ya estaban presentes en las zonas con alto grado de desarrollo (como el sur de Sonora, Baja California, y la zona de Navidad, en Nuevo León), y lo único que hicieron fue ampliar su presencia por medio de la renta de tierras del sector social o anexando a sus empresas tierras de propiedad privada; sin embargo, la mayoría de los productores del sector social y privado que producían para el mercado interno quedaron excluidos de este nuevo proyecto para el campo.

En virtud de que solamente un pequeño número de productores agrícolas pudo asociarse con los capitales privados nacionales y extranjeros, dejando al margen los esfuerzos de ejidos y comunidades, así como de pequeños, medianos e incluso grandes productores privados, el Estado se vio obligado a promover en la región políticas públicas llamadas compensatorias para que de alguna forma se apoyara a los productores rurales del sector social y privado, tales como el Programa de Apoyo al Campo, Alianza para el Campo, Programas de Empleo Temporal, Apoyos a la Comercialización Agropecuaria, así como Programas de Organización y Capacitación para los productores rurales del sector social por medio de las instituciones del sector agropecuario, con el fin de integrarlas al desarrollo productivo regional.

Según la Secretaría de la Reforma Agraria (2002), la capacitación servirá para que los sujetos agrarios conozcan sus derechos y obligaciones, además de que podrán adquirir los conocimientos necesarios para utilizar la tecnología productiva, el manejo de la información de mercado para mejorar su capacidad de compra de insumos y venta de productos sin la intervención de los intermediarios y con ello poder capitalizarse, tener capacidad de ahorro y aprovechar las ventajas comparativas con que cuentan los núcleos agrarios. Asimismo, la organización de los sujetos agrarios les permitirá que se unan entre ellos o con terceros para que mediante figuras asociativas las unidades de producción sean mayores y aprovechen las economías de escala, generen proyectos productivos y obtengan una mejora en su poder de negociación y comercialización.

El resultado de la organización y capacitación en la frontera norte se muestra en el cuadro 1. Este cuadro muestra un total de 2 625 figuras asociativas, las cuales se dividen de la siguiente manera: 1 063 Sociedades de Solidaridad Social; 1 308 Sociedades de Producción Rural; 15 Uniones de Sociedades de Producción Rural; 180 Uniones de Ejidos y Comunidades; 35 Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; seis Federaciones de Sociedades de Solidaridad Social, y 18 Sociedades Mercantiles.

En el cuadro 1 se observa que los estados que destacan en la formación de figuras asociativas son Tamaulipas y Sonora, mientras que el que muestra menos organización para la producción y comercialización es Nuevo León. Los tipos de organización que con mayor frecuencia se presentan en orden de importancia son las Sociedades de Producción Rural, las Sociedades de Solidaridad Social y las Uniones de Ejidos y Comunidades, las cuales en su mayoría se encuentran en Tamaulipas y Sonora; por lo que se refiere a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, destacan los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua; por último, donde más Sociedades Mercantiles se han formado es en Sonora y Nuevo León.

La visión del Estado respecto a que la organización y capacitación, así como las políticas públicas compensatorias sean los factores que impulsen el desarrollo del sector agropecuario y de los productores excluidos del nuevo proyecto, hasta ahora, desafortunadamente, no han dado los resultados esperados, lo que se refleja en la profunda crisis en que se encuentran inmersos los productores rurales de la frontera norte.

En lo que respecta a la situación que están viviendo los productores de la frontera norte, algunos líderes campesinos como el señor Noé Tapia, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, el señor José Luis Razo, Presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Caborca, Sonora, el señor Leonel Falcón Garza, Presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, sostienen que antes de la reforma al artículo 27 los productores del sector social se encontraban mejor organizados, tenían más y mejores apoyos y vendían sus productos a un buen precio; sin embargo, con las reformas al campo se quedaron sin subsidios, sin apoyos y ahora trabajan de manera individual y con sus propios recursos, mientras que la mayor parte de su producción es para el autoconsumo y la poca que logran vender es a precio muy bajo.

Por otra parte, otros productores han sido pulverizados por el mercado externo, los precios de sus productos están muy bajos, debido a la falta de protección, ya que el gobierno federal permite altas importaciones en épocas de cosecha, lo que trae como consecuencia una caída de precios y esto ha generado un proceso de descapitalización acelerado de los productores.

En otras zonas de la frontera norte la falta de apoyos y la no rentabilidad de las actividades agropecuarias han hecho que la organización para la producción esté desapareciendo. El caso concreto es el de las Uniones de Ejidos, de las cuales la mayoría han desaparecido y las pocas que todavía funcionan operan entre 10 y 20% de su capacidad. Otras organizaciones, como las Sociedades de Solidaridad Social, se constituyeron formalmente, pero en la realidad no están funcionando (señor Noé Tapia, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, marzo de 2002).

Así como las organizaciones de primer nivel se encuentran con serios problemas de funcionamiento, también las organizaciones de segundo y tercer nivel (Asociaciones Rurales de Interés Colectivo) enfrentan serios obstáculos en la operación de las diversas actividades agropecuarias. La mayoría de los campesinos trabajan de manera individual con sus propios recursos, lo que genera que se incrementen los costos y se reduzcan o desaparezcan las ganancias, ya que compran sus insumos al último intermediario de la cadena y venden sus productos al primer intermediario. La descapitalización de los productores ha sido la causa principal del fracaso de este tipo de organizaciones. Es importante resaltar la opinión de algunos líderes campesinos de la frontera norte: "con la reforma al artículo 27 y con la nueva ley la gente pensó que ya somos autosuficientes, y entonces lejos de buscar nuevos mecanismos para estar más unificados y obtener mayores rendimientos o mayor beneficio en la comercialización, no los hemos tenido. Nos hemos distanciado más unos de otros." "Ahorita como estamos trabajando con el Tratado de Libre Comercio, si nuestros costos de producción son de 2 mil pesos por hectárea, es lo mismo que sacamos de la venta de nuestro producto, no hay ganancias, el mercado externo nos ha pegado muy duro, ha bajado mucho el precio de nuestro producto." "En la región de Matamoros, la Unión de Ejidos está trabajando en un 10 por ciento de su capacidad, no tenemos capacidad económica para unirnos en ese sentido, ya que de siete años para acá no hay utilidades, y con lo poco que sacamos estamos sobreviviendo." "Nosotros en Caborca tenemos la Unión de Ejidos Luis Echeverría. Lo que pasa es que la Unión está deteriorada, la Unión se conformaba de 33 ejidos, ahorita quedamos 15 y de los 15 estamos sectorizados en grupitos, en un ejido antes eran grupos de 50 personas, y ahora son grupos de cinco o diez personas." "En Agua Prieta ya no existe la Unión de Ejidos. Esta Unión se dedicaba a comprar insumos y distribuirlos con crédito de Banrural, actividades que ya no desempeña" (señor Noé Tapia, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Matamoros, Tamaulipas; señor José Luis Razo, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Caborca, Sonora; señor Gildardo Duarte, Presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Agua Prieta, Sonora, marzo–abril de 2002).

Todo lo anterior ha dificultado la integración de proyectos productivos en los ejidos y las comunidades, y ha obligado a los productores del sector social a diversificar sus actividades, ocupándose en la industria maquiladora, en actividades propias de las ciudades cercanas a sus comunidades o a migrar a Estados Unidos y los productores de edad avanzada se dedican al trabajo de la tierra.

Las razones de fondo que perseguía el Estado con el cambio en la política agropecuaria y agraria eran que la propiedad social se transformara en propiedad privada y la mayoría de la población rural migrara hacia las ciudades, dejando sólo de un tres a un cinco por ciento en el campo; sin embargo, después de más de 10 años se observa que la propiedad social y la población rural siguen manteniendo un peso importante en la frontera norte.

En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población rural en la frontera norte es ligeramente superior a los 2 millones de habitantes y representa 13.13% de la población total. Las entidades con mayor población rural son: Chihuahua con 17.45%, Sonora con 16.91% y Tamaulipas con 14.57% (véase cuadro 2).

De acuerdo con datos de INEGI y la Procuraduría Agraria, aproximadamente 35% de la población rural se ocupa en actividades agropecuarias y en su mayoría son personas mayores de 40 años; en cambio, el resto de la población en edad de trabajar y menores de 40 años se ocupan en la industria maquiladora, otros trabajan en las ciudades cercanas a su comunidad y como último recurso migran hacia Estados Unidos; hay entidades donde la migración rural hacia la Unión Americana tiene un peso importante, como es el caso del norte de Nuevo León.

Los ejidatarios y sus familias comprenden la mayor parte de la población rural de la frontera norte. Los ingresos por ejidatario son muy heterogéneos, sin embargo, en promedio, 50% de los ejidatarios reciben más de un salario mínimo. En el cuadro 3 se puede observar que las entidades que destacan con mayores ingresos son Baja California y Sonora, esto se debe seguramente al grado de modernización y al dinamismo de las actividades agropecuarias.

Es importante mencionar que los dos últimos rangos que utiliza la Procuraduría Agraria para clasificar los ingresos de los ejidatarios esconden la realidad, pero, aun así, se detectó que Baja California y Sonora destacan con los ingresos más altos; en cambio, en el resto de los estados predominan los ingresos entre cero y un salario mínimo. Adicional a los ingresos de los ejidatarios, una buena parte de las familias recibe apoyos económicos de los hijos que trabajan en la industria maquiladora o en algunas otras actividades desempeñadas en el medio urbano, así como del trabajo temporal en Estados Unidos.

La edad promedio de los ejidatarios de la frontera norte es de 50 años (véase cuadro 4), lo que demuestra que la mayoría no tiene otra opción y debe dedicarse al trabajo de su parcela, además de que algunos ejidatarios están incorporados al programa oficial Procampo.

En lo referente a la estructura agraria, los cambios que se hicieron al artículo 27 constitucional en 1992 y la promulgación de la Ley Agraria en ese mismo año, no tuvieron un impacto significativo en el cambio de la estructura agraria de la frontera norte.

En este sentido, en la región sigue existiendo un equilibrio entre la superficie que ocupa la propiedad social (ejidos, comunidades y colonias agrícolas y ganaderas) y la propiedad privada. El cuadro 5 muestra que la propiedad privada ocupa 52% de la superficie total de la frontera norte y el 48% restante corresponde a la propiedad social. A excepción de Baja California, en la que predomina la propiedad social (95.17%), en la mayoría de las entidades existe más o menos un cierto equilibrio entre la propiedad social y la propiedad privada, lo que demuestra que la propiedad social seguirá existiendo por mucho tiempo en esta región, a pesar de los esfuerzos del Estado por privatizarla. La propiedad social seguirá existiendo en diversas modalidades: en una primera modalidad se encuentran los ejidos y las comunidades agrarias que aún trabajan la tierra directamente y dependen de ella como una fuente de ingresos importante; en una segunda modalidad se encuentran los ejidos y las comunidades agrarias que por condiciones de ubicación geográfica y sistemas de producción para la exportación, prefieren rentar sus tierras al capital privado nacional o extranjero dados los escasos apoyos que otorga el Estado; sin embargo, la propiedad  sigue perteneciendo al régimen de propiedad social, es decir, están dentro del Registro Agrario Nacional. Esta propiedad social rentada al capital privado seguirá siendo propiedad social, mientras no cambie su registro, es decir, al Registro Público de la Propiedad.

Al analizar de manera particular la propiedad social, se detectó que predomina la propiedad ejidal, el cuadro 6 muestra la distribución de la propiedad social y en él se observa que los ejidos detentan 87.90% de la superficie total de la propiedad social, mientras que la propiedad comunal y las colonias agrícolas y ganaderas poseen 6.40 y 5.70% respectivamente.

En relación con los ejidos, en la frontera norte existen 4 857, con una superficie de 31 026 490 hectáreas y una superficie promedio por ejido de 6 388 hectáreas. De manera desagregada por cada una de las entidades federativas que componen la región, en el cuadro 7 se puede observar que Baja California es la entidad que tiene el menor número de ejidos y Tamaulipas la mayor.

Sin embargo, en términos de superficie la situación cambia, ocupando el primer lugar Chihuahua con 30.6% de la superficie ejidal, seguido por Coahuila, Baja California y Sonora con 20.8, 17.8 y 16.9% respectivamente. En términos de superficie promedio por ejido, el primer lugar lo ocupa Baja California con 24 982 hectáreas, seguido por Chihuahua y Coahuila con 10 466 y 7 298 hectáreas respectivamente (véase cuadro 7). Por último, en cuanto a la calidad de recursos naturales como tierra y agua, sobresalen Baja California, Sonora y Chihuahua.

Respecto a las comunidades, en esta región existen 145 con una superficie de 2 261 323 hectáreas y una superficie promedio por comunidad de 15 595 hectáreas. De manera segregada en cada una de las entidades federativas, en el cuadro 8 se observa que Sonora y Chihuahua son los estados que en conjunto absorben más de 80% tanto en número de comunidades como en superficie; también es importante destacar que las comunidades de mayor peso son los indígenas yaquis y mayos en Sonora y los tarahumaras en Chihuahua. Asimismo, en la superficie promedio por comunidad destacan los estados de Baja California, Tamaulipas y Sonora; sin embargo, en cuanto a la calidad de los recursos naturales sobresalen las comunidades de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En cuanto a las colonias agrícolas y ganaderas, en la región existen 375 colonias con una superficie de 2 015 763 hectáreas y una superficie promedio por colonia de 5 375 hectáreas. De manera segregada en cada uno de los estados de la región, se puede observar en el cuadro 9 que los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California, en forma conjunta, absorben 86% de las colonias agrícolas y ganaderas; en cambio, en cuanto al giro de la actividad, se puede decir que en las colonias de Baja California y Sonora predomina la agricultura y en el resto de los estados la ganadería.

En este contexto, se infiere que las propiedades social y privada siguen integrando la estructura productiva de la frontera norte, a pesar de los cambios en la política agropecuaria y agraria que indicaban una tendencia a la privatización de la propiedad social. El cuadro 10 muestra que las ventas de tierras ejidales en la frontera norte es cercana a 8%, y esta superficie vendida se ubica principalmente en aquellos ejidos conurbados a las ciudades, por lo que no es significativo en términos de las actividades rurales (datos de la Procuraduría Agraria, 2000).


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El capital privado nacional y extranjero no llegó al campo en los términos que el Estado esperaba, por lo que los productores del sector social y privado no lograron insertarse en los proyectos especializados que se canalizan a la exportación, generando una descapitalización en los pequeños, medianos y grandes productores que se dedicaban a la producción para el mercado interno. Los proyectos de asociación entre el capital privado nacional y extranjero con los ejidos y comunidades agrarias que promovió el Estado en aquellas zonas que cuentan con tierras de buena calidad, agua e infraestructura, sólo duraron entre dos y tres años, ya que funcionaron mientras el Estado otorgaba apoyos económicos, como es el caso del Proyecto Vaquerías en el estado de Nuevo León, en el que se asociaron la empresa Galletera Mexicana S. A. y los ejidos productores de trigo con la finalidad de producir materia prima para la empresa Gamesa.

En las zonas agrícolas donde ya estaba presente el capital extranjero, con la reforma al artículo 27, solamente amplió sus proyectos agroindustriales, como es el caso del sur de Sonora y el Valle de Mexicali, zonas en las cuales en lugar de presentarse proyectos de asociación se presentó la renta de la tierra a mayor escala, haciendo a un lado los proyectos de asociación con los ejidos y las comunidades agrarias.

Ante esta situación, el Estado se vio obligado a formular y aplicar políticas públicas compensatorias tales como el Programa de Apoyo al Campo (Procampo) y el Programa de Alianza para el Campo, entre otras, mismas que no han logrado resolver los problemas de descapitalización de los productores del sector social y privado.

En la frontera norte la propiedad social sigue siendo importante y seguirá existiendo por mucho tiempo a pesar de los cambios en la política agropecuaria y sobre todo con los cambios al artículo 27 constitucional de enero de 1992 y a la promulgación de la Ley Agraria en febrero del mismo año, que abre al mercado la propiedad social rural. El mercado de tierras de la propiedad social rural no ha sido significativo, ya que la venta de tierras en la frontera norte es cercana al 8% de la superficie total, y esta superficie se ubica principalmente en aquellos ejidos y comunidades agrarias conurbados a las ciudades, por lo que no es significativo en términos de las actividades agropecuarias. La propiedad social seguirá existiendo en diversas modalidades: en una primera modalidad se encuentran los ejidos y comunidades agrarias que aún trabajan la tierra directamente y dependen de ella como una fuente de ingresos importante; en una segunda modalidad se encuentran los ejidos y las comunidades agrarias que por condiciones de ubicación geográfica y sistemas de producción para la exportación prefieren rentar sus tierras al capital privado nacional o extranjero, dados los escasos apoyos que otorga el Estado; sin embargo, la propiedad sigue perteneciendo al régimen de propiedad social, es decir, están dentro del Registro Agrario Nacional. Esta propiedad social rentada al capital privado seguirá siendo propiedad social, mientras no cambie su registro, es decir, al Registro Público de la Propiedad.

La organización de los productores, tanto del sector social como del privado, está en crisis y la mayoría de los productores trabajan con sus propios recursos y de manera individual. Esto ha dificultado la integración de proyectos productivos, y los programas de organización y capacitación que han promovido las instituciones del sector agrario, como la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, no han tenido éxito debido a la falta de recursos financieros y personal capacitado para la formulación y evaluación de proyectos rentables.

Ante esta situación de crisis en el campo de la frontera norte, el sector rural no es capaz de proporcionar empleos a toda la población asentada en el medio rural, por lo que los productores del sector social y sus familias se ven obligados a incursionar en el mercado de trabajo en otros sectores fuera del campo: la industria maquiladora, la construcción en las ciudades cercanas a las comunidades y la migración de manera temporal hacia Estados Unidos.

Es necesaria la intervención del Estado a través de políticas y programas, inversión pública en infraestructura que contribuya a resolver estos problemas y mejorar el desarrollo productivo del sector agrícola y rural, a la vez que las familias rurales puedan aumentar sus ingresos y con ello mejorar sus niveles de vida.


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Entrevistas a líderes campesinos

Noé Tapia, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Matamoros, Tamaulipas (marzo de 2002).

José Luis Razo, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Caborca, Sonora (abril de 2002).

Gildardo Duarte, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Agua Prieta, Sonora (abril de 2002).

Leonel Falcón Garza, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (marzo de 2002).

Luis Araujo, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Nogales, Sonora (abril de 2002).

Pedro Mireles López, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Lampazos, Nuevo León (marzo de 2002).

Guadalupe Morín, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Camargo, Tamaulipas (abril de 2002).

Gonzalo González, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Anáhuac, Nuevo León (abril de 2002).

Epifanio Martínez, presidente del Comité Regional Campesino del Municipio de Jiménez, Coahuila (marzo de 2002).

 

Guadalupe Espinoza Sauceda

Este 5 de febrero nuestra Constitución política del Estado mexicano cumple 100 años de vida, es su centenario. Es el documento donde se sintetiza el pacto social surgido después de la revolución de 1910, que el Presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 promulgó y donde se nos ha dicho que están contenidos los derechos del pueblo mexicano, principalmente de los trabajadores y de los campesinos, que son los que fueron a la guerra, consagrados en los artículos 123 y 27, que junto con el artículo tercero y el 130 forman la parte más importante de nuestra Constitución. Nos han dicho que son su alma, otros refieren que es el artículo 27, el del derecho a la tierra, el más importante, de este precisamente quiero hablar un poco aquí.

Pero lo que sería el artículo 27 no solo fue solo obra de los pensadores que dieron forma a lo planteado por los campesinos en armas, como Andrés Molina Enríquez, Pastor Rouaix, Heriberto Jara, Francisco G. Múgica y Luis Cabrera; este último redactó la Ley del 6 enero de 1915, que sería el antecedente inmediato del artículo 27 constitucional, que fue producto de la presión popular que ejercieron los ejércitos campesinos como el de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur. Los que más claro tenían que querían los campesinos y los indígenas eran los zapatistas con su famoso Plan de Ayala y que no les quiso o pudo cumplir Francisco I. Madero, que también tuvo su Plan de San Luis donde contemplaba la restitución de las tierras a los pueblos y Carranza el Plan de Guadalupe.
Venustiano Carranza al expedir la Ley del 6 de enero en 1915 en el puerto de Veracruz donde se encontraba replegado en su guerra contra el villismo y zapatismo, lo hace con el claro objetivo de restarle banderas al zapatismo y quitarle adeptos y de paso al villismo también, no porque estuviera convencido y simpatizara con las demandas de los campesinos, pues dentro las facciones revolucionarios que se disputaban la supremacía el carrancismo al que se encontraba aliado estratégicamente el obregonismo eran la derecha, aunque no podemos negar que dentro de esa facción anduvieran hombres de gran valía como los generales Lucio Blanco, Francisco G. Múgica y Salvador Alvarado.
A la muerte de Carranza que era la facción triunfante al frente de la revolución quedaron los sonorenses, con Álvaro Obregón a la cabeza y si bien es cierto que estaban aliados con el primero, dentro de esa facción eran la izquierda, lo cual se demostró con la entrega de tierras durante su mandato, donde jugó un papel importante el Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, viejo integrante del Club Liberal Ponciano Arriaga junto con los hermanos Flores Magón y de los anarquistas que después se alió al zapatismo, pero que con Obregón se hizo converso al obregonismo llevando las banderas del zapatismo. Considero que Obregón hizo cálculos políticos sabiendo que no podría ganar la guerra y pacificar las brasas aún humeantes de la revolución si no hacía concesiones a los zapatistas, pues, aunque derrotados militarmente eran una fuerza importante y eran los que más claridad tenían la cuestión de la tierra.
Lo que caracterizó al régimen post revolucionario fue el reparto de tierras a través de la figura de la reforma agraria, los campesinos se sentían parte del Estado mexicano o al menos los gobernantes decían que eran sus herederos, formándose un pacto y una ideología la del nacionalismo revolucionario que le dio enorme legitimidad a la clase política constituyendo uno de los pilares de su longevidad. Todos los presidentes utilizaron el reparto agrario de manera política, unos para someter a los “enemigos de la revolución” hecha gobierno, otros para controlar a la clase campesina y movilizarla cuando fuera necesario, o ambas según se requiriera, así como fuente cautiva de votos a los partidos oficiales como el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún vigente y heredera de esa casta.
Solo el Gral. Lázaro Cárdenas pretendió redimir y convertir a los ejidos y comunidades agrarias no solo en propietarios de las tierras, aguas y bosques, sino en una forma de vida efectiva, real y sobre todo económica, el problema es que los corporativizó y los hizo clientela del partido oficial, aunque eso ya venía de tiempo atrás. Durante su mandato los ideales de la revolución parecieron cristalizarse, de ahí para adelante vino el declive de la revolución mexicana, aunque ninguno de los gobernantes se atrevió a decir que no era revolucionario hasta la época neoliberal, que empezó con Miguel de la Madrid Hurtado, por eso tenía razón José López Portillo cuando dijo que era el último presidente de la revolución.
El que le dio un duro golpe al ejido y las comunidades agrarias fue Carlos Salinas de Gortari, a la vez que se apropiaba diciendo que era suyo el discurso y legado de Zapata y la frase de tierra y libertad. En el año de 1992 reformó el artículo 27 constitucional para meter la tierra al mercado como mercancía, quitándole el carácter de inembargable, imprescriptible e inalienable, es decir, que no se podía embargar por deudas, y los que poseyeran tierras ejidales o comunales de buena o mala fe no adquirían derechos sobre ellas por el paso del tiempo, además de que no se permitía ningún trato que implicara la transmisión de derechos sobre ellas, y mucho menos la venta, aunque al proteger legalmente las tierras al Estado le permitía tener un pie dentro de la vida y autonomía comunitaria de la propiedad social, que usaba políticamente a su conveniencia y antojo, esto conforme a la anterior redacción del artículo 27 constitucional y que se operativizaba con la Ley Federal de la Reforma Agraria, con la reforma salinista se creó un nuevo derecho agrario lo mismo que una nueva institucionalidad agraria, no obstante el viento en contra los campesinos e indígenas supieron resistir los tiempos privatizadores.

Salinas fue algo contradictorio con el tema de tierras y territorio, pues si la reforma al artículo 27 constitucional además de lo anterior, también dio por cancelado el reparto agrario, es decir, el Estado daba fin a la entrega de tierras a los campesinos y por otro lado en 1989 firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconocía los territorios de los pueblos indígenas, además de reformar el artículo 4 constitucional en el 1992 donde México aceptaba por primera vez a los pueblos indígenas y se reconocía el Estado mexicano como pluricultural, seguramente era más una medida política que efectiva, pues no se tenía pensado cumplirlo a cabalidad. Era una manera de quitarle banderas al movimiento indígena que en 1992 conmemoraba los 500 años del choque entre el viejo y el nuevo mundo.
Otro momento de la historia de México cuando se trató el tema de tierras y territorios fue en el 2001 con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que venían impulsando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y diversas organizaciones indígenas, entre ellas el Congreso Nacional Indígena (CNI) derivada del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y los rebeldes, pero se desnaturalizó la propuesta en lo referente a las tierras, territorios y recursos naturales, pues lo que se reformó y adicionó en el artículo 2 fracción VI de la Constitución solo fue retórica constitucional que no dice nada nuevo, excepto que los pueblos y comunidades indígenas tendrán preferencia sobre el uso y disfrute de sus bienes naturales, aunque en términos prácticos ha sido nulo este derecho por la situación económica tan desventajosa en que se encuentran los indígenas respecto del resto de la sociedad nacional.
En el año de 2012 a escasos día de dejar su mandato Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley Agraria en la que pretendía entre otras cosas que las asambleas ejidales y comunales autorizaran a todos los ejidatarios y comuneros a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, en términos llanos significaba que se hicieran propietarios privados de sus tierras, bajo el discurso de impulsar el desarrollo del campo mexicano; de haber prosperado le hubiera propinado un golpe mortal a la propiedad social, lo bueno fue que lo hizo cuando ya se iba y estaba debilitado y lo positivo de esto fue que quedó solo en eso, en una intentona.
Uno de los últimos ataques que ha sufrido la propiedad social en esta ola de globalización económica, en la que los últimos gobiernos tanto del PRI como los emanados del PAN se han subido, ha sido vía indirecta a través de la reforma energética a los artículos 27 y 28 constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2013, y consecuentemente con las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a le Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, y entre otras reformas a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Por ejemplo la Ley de Hidrocarburos dice que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que el Estado puede constituir servidumbres legales (por vía administrativa o jurisdiccional) o proceder a la ocupación o afectación superficial de los terrenos (entre ellos los de propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades), y que las actividades de exploración y explotación tienen preferencia sobre cualquier otra actividad, como la agropecuaria, al igual que la actividad minera, sin interesarles lo que opinen sus propietarios, los que solo podrán acordar “la forma o modalidad de uso, o, afectación” que deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto. Pudiendo “emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa o permuta”, según lo dispone el artículo 101 de la referida ley, en la que los dueños solo tendrán derecho a una contraprestación a valor comercial. Si no se llegara al acuerdo podrían los contratistas o empresas irse por la imposición de la servidumbre legal, ya sea en la vía administrativa o jurisdiccional para lograr su propósito, incluso el Estado podría expropiar los terrenos o superficie necesaria.

Como se ve estamos frente al ataque a la propiedad social, tanto por la clase política como por la económica y más que festejar el centenario deberíamos pensar como defender los logros de la revolución mexicana. Que no nos quiten y despojen de nuestros bienes comunes, entre ellos la tierra.

Ver la original aquí: Fe y Resistencia

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